El Consejo General del Poder Judicial estudiará previsiblemente en la reunión de su Comisión Permanente del próximo martes la posibilidad de suspender en sus funciones al juez de Murcia Fernando Ferrín Calamita, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) haya admitido a trámite la querella que presentó una mujer contra él por retrasar 'de manera maliciosa' el expediente para conseguir la adopción de la hija biológica de su compañera sentimental.
Fuentes del CGPJ señalaron que durante la reunión de la Comisión Permanente de ayer, martes, los vocales se dieron por enterados del contenido de un informe encargado al respecto a la Fiscalía, que es favorable a la imposición de la medida cautelar de suspensión. Dicha medida no afectará de forma inmediata al trabajo en su juzgado, puesto que Calamita se encuentra actualmente de baja por razones psicológicas.

En la querella, interpuesta por el abogado murciano José Luis Mazón, se relata como la querellante inició el expediente de jurisdicción voluntaria para adoptar a una menor, nacida en 2006, hija biológica de su compañera sentimental, tras someterse a un procedimiento de inseminación artificial.

Generalmente, argumenta, el procedimiento de adopción es, 'por naturaleza, ágil y sencillo, pero, sobre todo, rápido, y de él no se desprende ni promueve cuestión contenciosa alguna entre las partes'. No obstante, 'mediando el interés de la oposición del propio magistrado-juez del Juzgado de Primera Instancia número 9 de Murcia, Fernando Ferrín Calamita, se ha convertido en un procedimiento interminable' y a pesar de contar con 'todos los informes positivos a la propuesta de adopción'.

El asunto está paralizado 'sine die' porque el juez planteó una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional 'que distorsiona el objeto del debate en perjuicio de los derechos de la querellante, su cónyuge y su hija'.

Asimismo, señala 'una clarísima aversión u ojeriza hacia los derechos de las personas homosexuales que se refleja en una cadena de resoluciones voluntaristas y estrafalarias contaminadas por sus propios prejuicios'. La querella apunta que 'las creencias e ideologías que deberían quedar en la esfera privada de cada uno aparecen en la figura de un señor que desempeña la función de cumplir la ley'.

Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha acordado admitir a trámite la querella y ha nombrado instructor al magistrado Manuel Abadía.