La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, admitió ayer que el Consejo de Estado ha puesto objeciones a que se emplee la denominación matrimonio homosexual en el proyecto de ley del Gobierno que pretende equiparar las uniones gays a las heterosexuales. La número dos del Ejecutivo socialista destacó, no obstante, que el dictamen del alto organismo consultivo avalaba la constitucionalidad del proyecto. "Parece ser, porque no he leído la argumentación jurídica, que hay alguna polémica sobre la expresión usada para referirse a la institución, que leeremos y estudiaremos con atención", señaló. "Lo importante no es la denominación, sino que la institución, tal y como está planteada por el Gobierno, no tiene ningún tipo de problema jurídico ni de relevancia constitucional", añadió. El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, afirmó que la iniciativa gubernamental "es perfectamente constitucional" y anunció que será aprobada porque está en el programa electoral socialista y coincide con un sentimiento social muy mayoritario de "tolerancia hacia estas nuevas formas de convivencia". López Aguilar se mostró dispuesto a introducir modificaciones de índole técnica en el articulado, si son "observaciones aprovechables", antes de que el Consejo de Ministros apruebe la norma. "En eso consiste el trámite consultivo", dijo, aludiendo a las indicaciones que haya podido realizar el Consejo de Estado, cuyas observaciones no tienen carácter vinculante. El ministro evitó ser más preciso sobre las críticas formuladas por el organismo al proyecto gubernamental, argumentando que el Ministerio de Justicia aún no había recibido, a primera hora de la tarde de ayer, el texto del dictamen. Fuentes del Consejo de Estado citadas por Europa Press señalaron que el texto definitivo todavía no había podido ser remitido al Gobierno porque estaba previsto introducir una serie de "matizaciones" y que no se harían llegar al Ministerio de Justicia hasta el próximo lunes.