El juez de Primera Instancia número 9 de Murcia, Fernando Ferrín Calamita, acusado de retrasar de forma injustificada la tramitación de un expediente de adopción de una niña por la cónyuge de su madre, solicitó sin éxito al Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) que suspendiera la tramitación del proceso penal abierto en su contra en tanto se encuentre de baja médica.

En un escrito dirigido a la Sala de lo Civil y Penal del alto tribunal, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez explicaba que se encuentra desde finales del pasado mes de enero "de baja médica por depresión reactiva en fase aguda" por lo cual pidió la paralización del proceso penal con objeto de "preparar adecuadamente su defensa".

Ferrín Calamita aclaraba en su escrito que su intención es "colaborar con la justicia" y anticipaba que comparecerá ante el juez instructor de la causa en el momento en que su doctor le conceda el alta debido a que, por el momento, no se encuentra en condiciones de declarar.

El magistrado padece desde al menos 1995 una alteración del estado anímico, conocida como distimia, combinada con estrés laboral. Según explicó Ferrín Calamita en un comunicado aclaratorio remitido a Europa Press, su doctor le dio la última baja --de quince días-- en julio de 2007, de forma previa a la presentación de la querella en su contra. Esta dolencia, añade, no le incapacita para el desarrollo se su trabajo, según los informes forenses practicados.

El magistrado pidió además al alto tribunal que se le informara sobre la posibilidad de recurso contra la admisión a trámite de la querella en su contra y que se completara el testimonio del expediente de adopción. El TSJM ya ha dictado su respuesta a las solicitudes realizadas y ha rechazado la petición del juez de paralizar el proceso. Le ha informado, por otra parte, de que el auto de admisión de la querella en su contra puede ser recurrido en súplica en un plazo de tres días.

COMISIÓN DISCIPLINARIA DEL CGPJ.

Precisamente, la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudiará mañana una propuesta de la Inspección de este órgano para imponer una multa de 1.000 euros al juez por una falta grave de retraso injustificado en la tramitación del expediente de adopción.

Las mismas fuentes señalaron que es probable que la decisión sobre la imposición o no a Ferrín Calamita de esta sanción disciplinaria quede en suspenso mientras se tramita la causa penal por un delito de "retardo malicioso" relacionado con este mismo caso de adopción. La razón es que los procedimientos judiciales tienen preferencia sobre los de naturaleza disciplinaria, que deben esperar hasta que exista sentencia penal.

El pasado miércoles, el Pleno del CGPJ aplazó una discusión referida a este mismo juez, para decidir si debía ser suspendido en sus funciones mientras se tramitaba el procedimiento penal en la Audiencia de Murcia.

Se da la circunstancia de que el CGPJ ya acordó en julio de 2007 la incoación de un primer un expediente disciplinario contra este juez por falta grave del artículo 418.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), por las "expresiones innecesarias" vertidas en el auto en el que otorgaba la custodia de dos niñas al padre porque la madre mantenía una relación lésbica.

En el caso del retraso en el expediente de adopción, otra mujer denunció que el procedimiento de adopción de la hija de su pareja, "que para cualquier pareja heterosexual hubiera resultado rutinario, ágil y sencillo", se convirtió para ella y su cónyuge en "un vía crucis de trabas y de dilaciones absolutamente injustificadas donde el juez adopta decisiones absolutamente escandalosas, discriminatorias e inauditas".

PIDIÓ INFORMES "INNECESARIOS".

Tras estudiar la denuncia, el Servicio de Inspección del CGPJ señaló en su informe que la tramitación del expediente de adopción, iniciado en mayo de 2006, se demoró, por primera vez, tras recibirse el informe favorable del Ministerio Fiscal el 21 de septiembre de ese año. En dicha ocasión, en vez de acordar la adopción, Ferrín Calamita solicitó un nuevo informe al Jefe de Servicio de Protección del Menor, que lo remitió al Juzgado el pasado 4 de junio.

Pero resulta que aquí tampoco se dictó la resolución definitiva, sino que ésta se volvió a dilatar tras pedir Ferrín Calamita una ampliación de su informe inicial a la psicóloga adscrita al Juzgado, a la que se concedió un plazo de diez días.

Transcurrido este tiempo sin que se presentara dicha ampliación, Ferrín prescindió del trámite "con la llamativa frase de que "en el fondo es innecesario"". Después se declararon los autos conclusos para dictar resolución "cosa que tampoco se hace porque se va a plantear una cuestión de inconstitucionalidad y se deja en suspenso el dictado de la misma", según destaca el informe de la Inspección.

"Creemos que resulta cuanto menos, incongruente y sobre todo (...), dilatorio, el acordar la práctica de una diligencia que luego se califica como innecesaria", señalaba la propuesta de la Inspección, que propuso incoación de un expediente disciplinario por la comisión de una falta grave de retraso injustificado. Dicho expediente se abrió el pasado 26 de septiembre, y es ahora cuando se propone la sanción concreta a imponer al juez.

En cuanto a las acusaciones vertidas en su contra, el juez destaca en el mencionado comunicado que se siente decepcionado por la sucesión de los acontecimientos y defiende la necesidad de mantener la independencia a pesar de la existencia de presiones.

Indica que ha procurado buscar "lo mejor" para la niña cuya adopción debía tramitar y adelanta que tenía la intención de plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional sobre la norma que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo y la posibilidad de adopción.

"Todo quedará aclarado en el proceso penal abierto ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia o, en su caso, ante el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional", añadió Ferrín Calamita.