El presidente del PP, Mariano Rajoy, anunciaba hoy en una rueda de prensa tras la aprobación en el Congreso de la ley de matrimonios homosexuales que su partido va a estudiar la posibilidad de presentar recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

Si el PP considera que los argumentos jurídicos hacen viable la presentación de dicho recurso, necesitaría a cincuenta diputados o cincuenta senadores y tendría tres meses de plazo desde la publicación de la ley para recurrir.

Rajoy acusó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y al PSOE de haber querido "dividir" a la sociedad con este asunto y "utilizar" a las personas homosexuales con fines políticos para enfrentarlas con el PP. El líder de los populares censuró a Zapatero por no haber buscado el consenso en torno a la ley, pese a que el PP estaba a favor de regular la unión civil de estas parejas con los mismos criterios legales aplicados por la mayoría de los países de la UE.

Rajoy, quien expresó su respeto y el de su partido a los homosexuales, lamentó que el Gobierno haya usado este debate como "arma arrojadiza política" contra el PP y otras personas "que lo único que defendían era determinados principios y que no iban en contra de los derechos de los homosexuales". En su opinión, Zapatero "ha cometido una enorme irresponsabilidad, porque la obligación de un presidente del Gobierno es generar un consenso en la sociedad española y lo que ha provocado es una enorme división".

"En lugar de hacer un esfuerzo para hacer algo razonable, que sirviera a todos, algo sensato y que preservara cosas que son de sentido común y que se preservan en la inmensa mayoría de los países del mundo, lo que ha intentado es hacer una operación política con el único objetivo de decir que el PP no respetaba el derecho de los homosexuales, lo que es una colosal falsedad", prosiguió.

Rajoy se mostró convencido de que si el jefe del Ejecutivo hubiera convocado a todos los partidos, la ley habría obtenido un amplio respaldo y se habrían evitado manifestaciones de uno y otro signo. Opinó que en asuntos relativos a la "convivencia", como puedan ser la política antiterrorista o territorial, es preciso recabar el mayor consenso posible, e insistió en que casi todos los países del mundo, salvo excepciones como Bélgica y Holanda, y "la inmensa mayoría de dirigentes socialistas" europeos rechazan denominar matrimonio al enlace de parejas del mismo sexo, puesto que -añadió- "a lo largo de toda la historia", se ha tratado de "una institución entre un hombre y una mujer". A su juicio, ésta no es una discusión "entre católicos y no católicos ni un debate de privar de derechos a nadie, porque los derechos se le conceden en la ley de uniones de hecho".

Rajoy no quiso enjuiciar la decisión de la diputada del PP Celia Villalobos de votar a favor de la ley y recordó que en el PSOE también hay voces discrepantes, como la del alcalde La Coruña, Francisco Vázquez. Tampoco dio su opinión sobre si el PP revocaría esta ley si volviera al poder o sobre cuál sería su voto en caso de que se sometiera a referéndum. Afirmó que en los ocho años de gobierno del PP, no se aprobó ninguna regulación sobre uniones civiles entre homosexuales "por las mismas razones que no lo hizo el PSOE" en la etapa anterior.

Sobre el incidente que tuvo con Marín en el hemiciclo, Rajoy lamentó que se le impidiera intervenir para contestar a Zapatero, al que criticó por aprovecharse de la tribuna para "hacer un acto propagandístico". En su opinión, este hecho es "probablemente, el más lamentable que se haya producido a lo largo de los últimos tiempos en el Congreso".