Pese al fallo adverso de la Corte de Apelaciones que favoreció a la Iglesia Católica, la alcaldesa acogió la petición del Movilh de que la profesora Sandra Pávez se mantenga en sus funciones. Para tales efectos se modificarán las clases de religión del colegio y se buscará hacer extensiva la experiencia a toda la Región Metropolitana.
Una gran señal a favor de los derechos laborales de las minorías sexuales dio hoy la alcaldesa de San Bernardo, Orfelina Bustos, al acoger la petición del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) de que la profesora lesbiana Sandra Pávez vuelva desde el próximo año a hacer clases en el Colegio Municipal Cardenal Antonio Samoré, pese a la férrea oposición de la Iglesia Católica.
La decisión se adoptó en un reunión con la alcaldesa coordinada por el Movilh y a la cual asistieron activistas de esas organización, la profesora afectada y madres de alumnos que asumirán desde el próximo año el Centro de Padres y Apoderados en el colegio Samoré.
Tras la reunión, efectuada sin aviso a la prensa para no entorpecer el diálogo, la profesora Pávez se mostró "feliz y emocionada por esta decisión. Se está haciendo justicia y mi alegría es difícil de describir".
En la cita; donde también estuvieron presentes el jefe de gabinete de la alcaldesa, Luis Platón y el Director de la Corporación Municipal de Educación de San Bernardo, José Soto; se determinó que desde ahora se implementara una modificación de la malla curricular en el Colegio Samoré, de manera que las clases de religión no sean exclusivas de la Iglesia Católica, sino más pluralistas y de carácter más histórico.
El proceso, explicó la alcaldesa, se verá facilitado porque ya hay experiencias pilotos en otros colegios, mientras que en los próximos días el Movilh solicitará una reunión con el alcalde de La Florida, Pablo Zalaquett, para que en su calidad de vicepresidente y encargado de Educación de la Asociación Chilena de Municipalidades, gestiones en esa instancia el apoyo para replicar la idea en toda la Región Metropolitana.
La decisión adoptada por la alcaldesa es particularmente relevante, por cuanto la Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó el pasado 27 de noviembre el recurso de protección que la profesora Pavezy el Movilh presentaron en contra del vicario para la Educación de San Bernardo, René Aguilera Colinier, quien revocó el 23 de agosto el certificado de idoneidad que facultaba a la profesora hacer clases de religión. "Estuvimos durante días pensando salidas alternativas, pues tenemos poca confianza de que en la Corte Suprema se haga justicia. Entonces nos preguntamos que sanciones habría para el colegio si la profesora volvía a hacer clases. Nos dimos cuenta qué no hay nada estipulado y entonces pedimos el apoyo de la alcaldesa, pues la docente está contratada por la Corporación Municipal de Educación de San Bernardo y no por la Iglesia Católica" explicó el presidente del Movilh, Rolando Jiménez. El activista agregó que incidió en la buena disposición de Bustos, el hecho que "ella conoce desde hace 15 años a la profesora Pávez y sabe que es una excelente profesional. De hecho es apoyada por todos los padres, madres apoderados y alumnos, quienes respaldaron hoy nuestras gestiones".
La decisión de la alcaldesa, motivada por la valentía de Pávez de hacer valer sus derechos, "marcará un antes y un después en la forma de concebir y practicar las clases de religión, teniendo como principio la igualdad y la no discriminación para todos los seres humanos. Esto es histórico y revolucionario en el régimen educativo", puntualizó Jiménez.
El activista valoró por último "la excelente voluntad de la alcaldesa para hacer justicia. En realidad estamos emocionados, pues si bien esperamos recibir algún apoyo, nos sorprende gratamente la contundencia del mismo".
Desde agosto pasado la profesora Pavez se encuentra desarrollando labores administrativas en el Colegio Samoré, pues la Iglesia le revocó su certificado de idoneidad tras enterarse a comienzos de este año de su orientación sexual.
El certificado de idoneidad que entrega la Iglesia se basa en el Decreto Ley 924 que Reglamenta las Clases de Religión en Establecimientos Educacionales y Norma la Docencia. Dictada el 12 de septiembre de 1983 la norma, desconocida públicamente hasta este año, establece en su artículo 9 que el profesor de religión puede ejercer si está "en posesión de un certificado de idoneidad otorgado por la autoridad religiosa que corresponda".
En ningún caso, empero, el Decreto establece que las minorías sexuales no pueden hacer clases.
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