La catedrática Clara Asúa desvela, en una jornada celebrada por la UPV, algunas claves de la reforma que pretende regular el matrimonio homosexual.

«Gays y lesbianas están reforzando la institución del matrimonio con su reivindicación del derecho a casarse», concluyó ayer Clara Asúa, catedrática de Derecho Civil de la UPV. Última ponente de la jornada titulada 'Pasado y futuro del matrimonio: análisis de una evolución', su intervención desató un animado debate entre los alumnos y profesores que se acercaron al campus de Leioa para asistir a las conferencias.

El profesor Luigi Capogrossi Colognesi, especialista en Derecho Romano de La Sapienza (Roma), y Carlos Petit, docente de Historia del Derecho en la Universidad de Huelva, se habían encargado previamente de introducir a los oyentes en materia.

Divorcio en Roma

Ambos juristas transmitieron al auditorio «un hecho evidente»: el contrato matrimonial ha ido variando, de manera sustancial, en respuesta a las demandas sociales de la comunidad. «Ya en el siglo V antes de Cristo, el derecho romano contemplaba el consentimiento -la libre voluntad de las partes- como base del enlace, de ahí que acabaran admitiendo el divorcio como una alternativa más», apuntó Luigi Capogrossi.

Dando un amplio salto en el tiempo, Carlos Petit explicó la razón de la curiosidad despertada en España por el Código de Montenegro a finales del siglo XIX. «Nuestro Código Civil es contemporáneo suyo -los dos datan de 1888-, y aquí fue mayúscula la sorpresa al descubrir las grandes diferencias entre uno y otro. El nuestro era, y sigue siendo, de corte burgués -regula conjuntamente el patrimonio de las personas y la institución conyugal-, mientras que el montenegrino se limita a reglamentar la propiedad y sus posibles modificaciones. Nada más. Y, ojo, tampoco resulta tan extraño, porque desde la Edad Media hasta Napoleón, en 1804, el derecho civil no se inmiscuía en temas familiares. Por eso, no me sorprende la torpeza y lentitud del legislador a la hora de abordar estas cuestiones. Pesa una falta de costumbre de siglos».

La profesora Clara Asúa corroboró los planteamientos de sus colegas y minimizó «el supuesto carácter revolucionario de un proyecto de ley que no pretende modificar, en absoluto, el régimen interno del matrimonio, sólo amplía su radio de influencia a un colectivo nuevo». Convencida de «la incoherencia» de la Iglesia, no dejó de recordar el criterio eclesial frente al enlace civil: «Para ellos, no tiene ninguna validez, lisa y llanamente 'no existe; y eso es así, al margen del sexo de los contrayentes». Llegada a este punto, consideró que la polémica se ciñe al uso de la palabra 'matrimonio'. A estas alturas, las autoridades religiosas no condenan el reconocimiento de los homosexuales como parejas de hecho. «Pero, claro, bajo ningún concepto como cónyuges».

Esta postura es compartida por el propio Consejo de Estado que, el pasado mes de diciembre, emitió un dictamen no vinculante en esa línea: el informe «aconseja la creación de una figura jurídica con derechos y deberes semejantes a los del matrimonio, pero con distinto nombre».

La opción del registro de parejas de hecho tampoco le parece «una vía ideal». A su juicio, «la verdadera batalla» se encuentra en la reivindicación del derecho al matrimonio. «Las parejas de hecho disponen de una cobertura legal limitada -en derechos sucesorios, y por regla general, en las relaciones patrimoniales -, por eso, la disyuntiva más sensata se reduce a casarse o no casarse».

En lo tocante a la adopción, recalcó que «es un tema aparte» y no dudó en calificar de «confuso» el panorama en España. Si, finalmente, la regulación estatal no contempla la adopción, «¿cómo se entenderá -se preguntó la docente- que sí puedan hacerlo las parejas de hecho vascas, conforme a la normativa de la comunidad autónoma?».