Las únicas tres referencias a la homosexualidad en los contenidos mínimos de Educación para la Ciudadanía, las que hablan del rechazo a la homofobia, han desaparecido de esta asignatura en las comunidades del Partido Popular, que comenzarán a impartirla el próximo curso. Pero no son las únicas omisiones que ha denunciado el Gobierno. Ni la "valoración crítica" de los prejuicios "sexistas y homófobos", ni el rechazo a la discriminación por culpa de la "orientación afectivo-sexual", ni la utilización del "diálogo y la mediación para abordar los conflictos" aparecen. El Partido Popular siempre se ha mostrado en contra de esta nueva asignatura, sobre todo los gobiernos de Madrid y Comunidad Valenciana, que han llegado a amparar abiertamente la campaña de boicoteo impulsada por los obispos y diversas organizaciones católicas.

El ministerio invoca su misión de garantizar una formación común

Las autonomías alegan que han limado los puntos conflictivos

Esos puntos mencionados más arriba son algunos de los contenidos mínimos que el Gobierno echa en falta en los desarrollos de la ley educativa que han hecho los populares. Así lo explican los recursos del Ministerio de Educación contra los desarrollos de la ley que han hecho Madrid, Castilla y León, La Rioja y Murcia, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, y sobre los que deben pronunciarse los tribunales superiores de cada una de esas comunidades. La Comunidad Valenciana también presenta omisiones muy parecidas, ya que el texto sobre Ciudadanía es prácticamente igual en todas las autonomías del PP (excepto en Navarra), pero el recurso valenciano no llegó por diversos problemas técnicos (el resto se pusieron entre octubre pasado y marzo de este año).

Los contenidos mínimos, marcados en reales decretos, son obligatorios en todas las comunidades, aunque éstas tienen margen para aumentarlos. Al considerar que estas cuatro comunidades no los han respetado, el Ministerio de Educación las ha llevado a los tribunales invocando, paradójicamente, uno de los argumentos más repetidos por los dirigentes populares: "Garantizar una formación común" para el alumnado de toda España. "La Alta Inspección ya trabaja, y funciona", aseguró la secretaria de Estado de Educación, Eva Almunia, en referencia al organismo ministerial que está en cada comunidad y al que se refiere la ponencia política presentada por el PP esta semana. Ésta dice: "Promoveremos la acción de la Alta Inspección" para garantizar "la inclusión de los aspectos básicos del currículo" en todas las comunidades.

Por su parte, los gobiernos del PP aseguran que todo está contenido en la redacción de sus decretos, aunque quizá de otra manera, según las contestaciones a los requerimientos previos a los tribunales que remitieron al ministerio todas menos Madrid (un portavoz de la consejería madrileña afirmó que se les agotó el plazo). En su respuesta, La Rioja argumenta, por ejemplo, que la "valoración crítica de la división social y sexual del trabajo y de los prejuicios sociales racistas, xenófobos, antisemitas, sexistas y homófobos" se sobrentiende en el siguiente punto de su decreto: "La igualdad esencial de todos los seres humanos. La no discriminación. Crítica de los prejuicios sociales".

Los ejemplos siempre son parecidos, de sustitución de puntos concretos por temas generales o por reformulaciones. Pero el escrito de contestación de Castilla y León añade algo que a cualquiera le viene a la cabeza cuando se habla de la polémica sobre Ciudadanía: además de esgrimir un intento de simplificar unos contenidos "excesivamente detallados" para "evitar la reiteración" con otras materias, también habla de la necesidad de mantener "la neutralidad ideológica". Eso mismo señala una portavoz de la consejería de La Rioja: "Hemos limado algunos puntos conflictivos, pero el contenido es prácticamente igual". Por su parte, un portavoz castellano-leonés aseguró que ahora quien tiene que dirimir la cuestión es el tribunal.

Esos contenidos que, como poco, ya no están explícitos en los textos recurridos, son muchos de los que se quejan la Conferencia Episcopal y las asociaciones que han promovido la campaña por la objeción de conciencia contra esta asignatura, que ya han anunciado que ampararán Madrid, la Comunidad Valenciana y Murcia (Castilla y León no se ha pronunciado y La Rioja ha dicho abiertamente que no la permitirá). Unos contenidos y unos detalles que, aunque puedan parecer de poca importancia, no resultan serlo.

Por ejemplo, la referencia al género ha desaparecido. La inclusión de esta palabra en vez de sexo fue uno de los principales argumentos que ha utilizado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (la misma que ha admitido la objeción de conciencia para varios alumnos) para eliminar hace unas semanas parte de los contenidos andaluces de Ciudadanía. La sentencia sostiene, haciendo suyos los argumentos de los obispos, que eso significa propugnar la "ideología de género", es decir, que a la persona no le define el sexo, sino la opción sexual: elegir ser heterosexual u homosexual.

También hay otras omisiones como las que hacen referencia a aprender a utilizar el diálogo para resolver pacíficamente los conflictos. El ministerio recuerda la Ley contra la Violencia de Género, que dice que la ESO contribuirá a desarrollar la capacidad para relacionarse con los demás de forma pacífica. Reducir estos contenidos o tratarlos insuficientemente va contra estas leyes, argumenta en uno de los recursos. Se quejan de la eliminación de referencias concretas a la "feminización de la pobreza", las "relaciones entre hombres y mujeres" o, en otro ámbito, al papel de "las fuerzas armadas de España en misiones internacionales de paz".

Cada uno de los recursos, además de Ciudadanía, habla de discrepancias en otras materias, que varían según la comunidad. Pero todos vuelven a coincidir en otro punto. La ley dice que los centros podrán agrupar las asignaturas optativas de 4º de ESO para orientar a los alumnos, pero que sólo se podrán limitar las opciones de los estudiantes si no hay suficientes que elijan una misma opción. Sin embargo, las comunidades del PP han establecido que esas agrupaciones se harán según el criterio pedagógico que establezca el Gobierno autónomo, arrogándose la autonomía que debía ser para los institutos.

Trabajo en vez de clase

En el desafío de las comunidades del PP a la asignatura de Ciudadanía, Madrid y Valencia han sido, sin duda, las más destacadas. Ambos gobiernos han dicho abiertamente que ampararán la objeción de conciencia, aunque éste no es un derecho reconocido y el Tribunal Supremo aún tiene que pronunciarse. Ha sido el Ejecutivo de Francisco Camps el que ha rizado más el rizo, proponiendo que la asignatura se imparta en inglés y con un proyecto que establece que, además, los alumnos pueden sustituir la materia con un trabajo trimestral sobre el tema del currículo de Ciudadanía que elijan los padres del estudiante. Este grupo de alumnos estará en otra clase y con otro profesor.Si Valencia sigue adelante con esa idea, el Ministerio de Educación la recurrirá, si es necesario, en los tribunales, como ya ha hecho con el resto de desarrollos de las comunidades del PP, salvo Navarra. Ya tiene preparado el informe jurídico sobre el proyecto, en el que, entre otras cuestiones, recuerda que los alumnos que no cursen los contenidos obligatorios, en este caso de Ciudadanía, tendrán dificultades para alcanzar el título de la ESO o, si lo consiguen, para que ese título tenga efectos fuera de la Comunidad Valenciana.

Contenidos omitidos

- "Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades comunicativasy sociales que permiten participar en actividades de grupo con actitud solidariay tolerante, utilizando el diálogo y la mediación para abordar los conflictos".- "Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad como enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas, rechazando las situaciones de injusticia y las discriminaciones existentes por razón de sexo, origen, creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier otro tipo, como una vulneración de la dignidad humana y causa perturbadora de la convivencia".- "Práctica del diálogo como estrategia para abordar los conflictos de forma no violenta".- "Valoración crítica de la división social y sexual del trabajo y de los prejuicios sociales racistas, xenófobos, antisemitas, sexistas y homófobos".- "El papel de los organismos internacionales y de las Fuerzas Armadas de España en misiones internacionales de paz".- "La feminización de la pobreza".

- "Relaciones entre hombres y mujeres y relaciones intergeneracionales".- "Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos". Este punto pertenece a los objetivos de la ESO, y el Gobierno sólo lo echa en falta en el decreto madrileño.