La titular del Registro Civil de Dénia, Laura Alabau (a la izquierda de la imagen), ha rechazado tramitar el recurso presentado por el Ministerio Público contra la suspensión del expediente matrimonial de una pareja de lesbianas. Por su parte, la Fiscalía ya ha anunciado que apelará la decisión directamente ante la Dirección General de Registros y Notariado. El enfrentamiento entre la judicatura y el Gobierno está servido.

Según el fiscal jefe en funciones, Juan Carlos López Coig, la Fiscalía va a presentar una queja ante la Dirección General de Registros por la decisión de la juez de no tramitar el recurso. En el escrito se solicitará al Gobierno que ordene a la magistrada la continuación del expediente paralizado.

La polémica se inició el pasado 12 de julio, cuando dos vecinas de Dénia acudieron al juzgado para solicitar casarse. La titular del Registro Civil suspendió la tramitación del expediente matrimonial al considerar que la ley de enlaces homosexuales podía vulnerar la Carta Magna. Tras pedir a las partes que aportaran sus alegaciones, la juez Laura Alabau llevaba el asunto ante el Alto Tribunal, a pesar de que el fiscal había informado a favor de la unión. En el auto, la togada decidía paralizar la celebración de la boda hasta que el Constitucional resolviera.

La semana pasada, el Ministerio Público remitía al Alto Tribunal un informe en el que se indicaba la falta de legitimación de la juez para plantear la cuestión de inconstitucionalidad. Por su parte, el fiscal del Registro Civil de Alicante, Felipe Briones, recurría por vía gubernativa la decisión de la togada de paralizar el expediente matrimonial hasta que el Constitucional resuelva.

El recurso fue enviado el pasado viernes a la juez Laura Alabau para que ésta diera traslado a las partes y lo remitiera a la Dirección General de Registros y Notariado, organismo gubernamental del que depende este servicio. En el escrito se instaba al Gobierno a que revocara la paralización del expediente y a que ordenara «la resolución definitiva sobre la autorización matrimonial». La apelación se realizaba «independientemente de la cuestión de inconstitucionalidad planteada» y ante el riesgo de que «la suspensión indefinida» del derecho a contraer nupcias produjera «graves perjuicios morales e incluso económicos» a la pareja.

El Ministerio Público señalaba en el recurso que la juez encargada del Registro Civil no ejerce una función jurisdiccional sino administrativa. Asimismo, indicaba que, según la normativa que rige los registros civiles, «contra el auto de la aprobación o denegación del matrimonio cabe recurso en vía gubernativa».

Respuesta

La contestación de la juez no se ha hecho esperar. La togada respondía ayer por fax al Ministerio Público rechazando la apelación del fiscal al considerar que no cabe recurso contra la cuestión de inconstitucionalidad, de acuerdo con la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

La magistrada señala en su auto que, de acuerdo con la normativa de los registros civiles, sólo se puede presentar un recurso «ante la inadmisión o la finalización de un expediente de matrimonio», situación que en este caso aún no se ha dado.

La juez recalca en su escrito la «contradicción» existente entre el primer informe del Ministerio Público, visado por el fiscal jefe de Alicante José Antonio Romero, y el segundo, firmado por Juan Carlos López Coig como portavoz del Ministerio Público en funciones durante el mes de agosto. En el primero se consideraba que los expedientes matrimoniales pueden equipararse a un procedimiento, por lo que la magistrada podía plantear la cuestión de inconstitucionalidad. En el segundo, en cambio, se señalaba que la titular del Registro Civil tan sólo cumple una función administrativa por lo que no puede llevar la ley de matrimonios homosexuales ante el Alto Tribunal.

Objeción de conciencia

Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia, «la decisión de la magistrada de Dénia de interponer una cuestión de inconstitucionalidad no responde en absoluto a una postura de objeción de conciencia, tal y como señalaba el arzobispo de Valencia. De hecho, «su iniciativa tiene como único objetivo plantear un problema de naturaleza jurídica».