La CEE hacía pública hoy la siguiente nota de prensa:

Acerca de la objeción de conciencia ante una ley radicalmente injusta que
corrompe la institución del matrimonio

El Gobierno anunció hace un año su intención de regular civilmente el
matrimonio de una manera desconocida hasta ahora para la Humanidad. Para
casarse no importaría hacerlo con una persona del mismo sexo. En la
legislación española el matrimonio dejaría de ser la indisoluble unión de
vida y de amor de un hombre y de una mujer, abierta a la procreación, para
convertirse en un contrato sin referencia alguna a la diferencia de sexos e
incapaz, por tanto, de prestar a la sociedad el incomparable servicio de dar
cauce a la complementariedad conyugal y de procrear y educar a los hijos.
Ahora parece que el Parlamento se muestra dispuesto a aprobar esta nueva
definición legal del matrimonio que, como es obvio, supondría una flagrante
negación de datos antropológicos fundamentales y una auténtica subversión de
los principios morales más básicos del orden social.

El 15 de julio de 2004 publicamos una Nota titulada En favor del verdadero
matrimonio. Allí explicábamos las razones que nos obligan a pronunciarnos en
contra de este proyecto legal, dado que nos corresponde anunciar el
evangelio de la familia y de la vida, es decir, la buena noticia de que el
hombre y la mujer, uniéndose en matrimonio, responden a su vocación de
colaborar con el Creador llamando a la existencia a los hijos y realizando
de este modo su vocación al amor y a la felicidad temporal y eterna.

Hoy, ante la eventual aprobación inminente de una ley tan injusta, hemos de
volver a hablar sobre las consecuencias que comportaría este nuevo paso. No
es verdad que esta normativa amplíe ningún derecho, porque la unión de
personas del mismo sexo no puede ser matrimonio. Lo que se hace es corromper
la institución del matrimonio. Esa unión es en realidad una falsificación
legal del matrimonio, tan dañina para el bien común, como lo es la moneda
falsa para la economía de un país. Pensamos con dolor en el perjuicio que se
causará a los niños entregados en adopción a esos falsos matrimonios y en
los jóvenes a quienes se dificultará o impedirá una educación adecuada para
el verdadero matrimonio. Pensamos también en las escuelas y en los
educadores a quienes, de un modo u otro, se les exigirá explicar a sus
alumnos que, en España, el matrimonio no será ya la unión de un hombre y de
una mujer.

Ante esta triste situación, recordamos, pues, dos cosas. Primero, que la ley
que se pretende aprobar carecería propiamente del carácter de una verdadera
ley, puesto que se hallaría en contradicción con la recta razón y con la
norma moral. La función de la ley civil es ciertamente más limitada que la
de la ley moral, pero no puede entrar en contradicción con la recta razón
sin perder la fuerza de obligar en conciencia.

En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, recordamos que los
católicos, como todas las personas de recta formación moral, no pueden
mostrarse indecisos ni complacientes con esta normativa, sino que han de
oponerse a ella de forma clara e incisiva. En concreto, no podrán votar a
favor de esta norma y, en la aplicación de una ley que no tiene fuerza de
obligar moralmente a nadie, cada cual podrá reivindicar el derecho a la
objeción de conciencia. El ordenamiento democrático deberá respetar este
derecho fundamental de la libertad de conciencia y garantizar su ejercicio.

Es nuestro deber hablar con claridad cuando en España se pretende liderar un
retroceso en el camino de la civilización con una disposición legal sin
precedentes y gravemente lesiva de derechos fundamentales del matrimonio y
de la familia, de los jóvenes y de los educadores. Oponerse a disposiciones
inmorales, contrarias a la razón, no es ir en contra de nadie, sino a favor
del amor a la verdad y del bien de cada persona.

Madrid, 5 de mayo de 2005