Diputados uruguayos legislan, a favor de las uniones de hecho, tanto para parejas heterosexuales, como para vínculos de homosexuales y lesbianas. En la práctica es el primer país en latinoamérica que reconce por igual los derechos de todos sus ciudadanos.

La Cámara de Diputados de Uruguay aprobó el miércoles un proyecto de ley que regulariza las uniones concubinarias de parejas heterosexuales y homosexuales con al menos cinco años de convivencia, generando a las partes similares derechos y obligaciones que el matrimonio.

"Como legisladores advertimos la necesidad de ampliar los derechos de los ciudadanos reconociendo la diversidad. Considerábamos injusto y discriminatorio que la ley protegiera determinadas opciones y no se adecuara a la realidad social", subrayó a la AFP el diputado oficialista Diego Cánepa.

Redactor del proyecto original, Cánepa, destacó que desde su entrada en vigencia "los uruguayos podrán optar por tres opciones de vida en común, el matrimonio, la unión libre y la unión concubinaria, que no es un matrimonio", advirtió, aunque establece puntos de contacto "en su conformación, nacimiento y disolución", indicó.

La normativa garantiza para las parejas que prueben ante el juez un mínimo de cinco años de unión ininterrumpida, derechos y obligaciones como la asistencia recíproca, creación de sociedad de bienes, derechos sucesorios, cobro de pensiones por fallecimiento y otras disposiciones vinculadas a la seguridad social.

El texto define la unión concubinaria como "la situación de hecho derivada de la comunidad de vida de dos personas -cualquiera sea su sexo, identidad, orientación u opción sexual- que mantienen una relación afectiva de índole sexual, de carácter exclusiva, singular, estable y permanente sin estar unidas en matrimonio".

Tras el debate, que fue seguido desde las barras por algunos travestis y homosexuales, la iniciativa fue aprobada con los votos de la bancada oficialista y aguarda ahora que sea refrendada antes del 15 de diciembre en el Senado.

Mientras que el opositor Partido Nacional sostiene que implica un total desconocimiento del ordenamiento jurídico vigente, la Iglesia católica uruguaya estableció algunos matices de opinión.

"Dar amparo jurídico a un contrato entre dos personas no justifica asimilarlo al matrimonio, porque le estaríamos haciendo daño a la base de la familia", indicó a la AFP el secretario de la Conferencia Episcopal del Uruguay, Luis Del Castillo.