Arantza y Maider han empezado con los preparativos de su boda. Se habían inscrito en el registro municipal de parejas de hecho y lo celebraron mediante una boda simbólica. Pero ello no equivalía al matrimonio, ni mucho menos.
Cuando se aprobó la ley vasca de parejas de hecho, en junio del año pasado, se acogieron a dicha ley, y con ello se dotaron de un estatus legal. Pero ese reconocimiento legal tampoco suponía el contrato matrimonial, puesto que esta institución está regulada por el Código Civil español que sólo admite el matrimonio entre hombre y mujer, y la reforma de la citada ley es competencia de las Cortes Generales donde la mayoría absoluta del PP ha impedido hasta ahora que la reivindicación principal de las asociaciones de defensa de los derechos de las personas de orientación homosexual pudiera tramitarse en el Parlamento.
Las pasadas elecciones generales, sin embargo, han configurado un Congreso de los Diputados con una mayoría abrumadora (a la luz de sus programas electorales) favorable a una reforma del Código Civil que permita el matrimonio entre dos mujeres o dos hombres.
Hace pocas semanas fue noticia que una juez, en aplicación de la ley foral navarra de parejas de hecho, otorgara a una mujer la patria potestad, por medio de la adopción, de las hijas biológicas de su pareja, concebidas mediante inseminación artificial. La aludida resolución judicial no hace sino aplicar la ley, y se fundamenta en un informe psicológico que dictaminó que la pareja de mujeres constituía un núcleo familiar estable, «adecuado e idóneo para favorecer el desarrollo psicológico y social de las dos menores».
También fue noticia relevante que el Tribunal Supremo de Massachusetts, en EE UU, sentenciara que de los principios de la Constitución del citado Estado se desprendía que las parejas lesbianas y gays podían contraer matrimonio. A partir de esa decisión judicial, algunos alcaldes estadounidenses (el caso más conocido es el de San Francisco) han hecho uso de sus facultades para casar a parejas compuestas por personas del mismo sexo.
En la ciudad californiana, la primera pareja que acudió a la Casa Consistorial fue la formada por dos ancianas lesbianas, que ya cumplieron las 'bodas de oro' de su vida conyugal; una de las últimas, la constituida por la actriz Rosie O'Donnell y su pareja, madre de cuatro hijos.
El alcalde de San Francisco, el heterosexual Gavin Newsom, ha declarado que la decisión del Ayuntamiento supone un hito de vanguardia en la evolución de la historia y que, aunque dicha decisión fuese anulada, la historia avanza en la dirección de ampliar el matrimonio a las parejas homosexuales; y ha añadido: «En 1967, cuando yo nací, la mayoría de los estadounidenses estaba en contra de los matrimonios interraciales».
Los hechos descritos son una muestra significativa de que en las sociedades democráticas nos hallamos ante un proceso de cambio de características históricas en lo que se refiere al amor homosexual, una forma de amar que ha sido durante siglos proscrita, perseguida e injuriada con saña.
Escapa a las pretensiones de este artículo analizar las causas de la homofobia, prima hermana, en cualquier caso, del sexismo y el machismo, de la xenofobia y el racismo, del antisemitismo, del fanatismo en fin, de todas las ideologías que han discriminado o agredido al ser humano por alguna circunstancia personal.
Simplemente dejaremos constancia de que uno de los pilares principales del sistema sociocultural que ha regido la vida de los hombres y mujeres durante siglos ha sido una estructura familiar inspirada en la de las primitivas tribus hebraicas, que fue elevada a categoría de dogma canónico y norma jurídica.
Dicha organización familiar tenía como objetivo principal la procreación y castigaba fuertemente, además de otras manifestaciones sexuales, la homosexualidad, por tratarse de una práctica sexual no procreadora.
El modelo familiar ha experimentado sin embargo, una transformación radical en las últimas décadas. De entrada, no hay un único modelo, y es evidente que la procreación no es un requisito de validez del matrimonio civil, ni siquiera del canónico (¿por qué no anulan los tribunales eclesiásticos los matrimonios sin hijos?).
El fundamento del matrimonio en el moderno Estado democrático de derecho es la regulación, a través de un contrato, de los derechos y obligaciones de dos personas que, unidas por el amor y en ejercicio de su libertad personal, desean formalizar su proyecto de vida en común. Así las cosas, era cuestión de tiempo que el amor homosexual reclamara un tratamiento de dignidad e igualdad. Y que, en consecuencia, demandara la reforma de la institución matrimonial para que quepan en su seno las parejas de dos mujeres y dos hombres, así como sus hijos.
Sí, también sus hijos e hijas, puesto que son numerosas las mujeres lesbianas que son madres (menor es el número de gays padres), y muchas de esas mujeres tienen pareja estable. Sólo desde posiciones muy homofóbicas se puede rechazar que esas realidades familiares (que los sociólogos denominan homoparentales) se acojan a las regulaciones jurídicas existentes (para, entre otras razones, proteger el interés de esos menores, como ha argumentado la jueza navarra), teniendo en cuenta que la ley estatal permite que las personas puedan adoptar individualmente o las mujeres solteras puedan hacer uso de las técnicas de reproducción asistida.
Ante esta evolución social los sectores ultraconservadores han reaccionado como acostumbran: organizando una nueva inquisición. En Estados Unidos, estos sectores, encabezados por el presidente Bush, uno de los más reaccionarios de la historia de aquel país, han puesto en marcha un movimiento para modificar la Constitución federal, así como las de los Estados federados, con el objeto de incluir en ellas la prohibición de que dos mujeres o dos hombres puedan contraer matrimonio.
Ante el Congreso de Massachussets dos pancartas de signo ideológico opuesto resumían las posiciones respectivas: 'No es una cuestión de odio. Es sólo una verdad bíblica', rezaba la de los fundamentalistas; 'La Constitución no permite la discriminación', decían los liberales que defendían los derechos de gays y lesbianas. Una vez más, el sistema liberal-democrático, que hunde sus raíces en los postulados de la Revolución francesa y, por tanto, en la defensa radical de los derechos humanos de todos los ciudadanos y ciudadanas sin excepción así como en la laicidad y la separación entre Iglesia y Estado, se enfrenta en su evolución a los ataques de quienes quisieron parar el reloj de la Historia en el Concilio de Trento, por citar uno de los hitos más conocidos de los integristas católicos.
No debemos olvidar que la derecha radical se ha opuesto, invocando un modelo familiar muy ideologizado e inmutable que estuvo vigente hasta mediados del siglo pasado, a la disolubilidad del vínculo matrimonial, y por tanto a la separación y al divorcio, a la igualdad entre la mujer y el hombre, al reconocimiento de los hijos extramatrimoniales, al matrimonio entre negros y blancos, etcétera.
Pero los Ratzinger, los Bush, los telepredicadores americanos, los muy poderosos grupos de presión católico-fundamentalistas que ejercen una influencia decisiva en la cúpula del PP soplan una vez más contra un huracán de libertad que terminará por derribar los terribles muros construidos por fobias y miedos, por desinformación y manipulación, que han marginado de forma brutal a millones de personas por una circunstancia personal, la relativa a su sexoafectividad, pisoteando su dignidad y negándoles la igualdad.
Las parejas constituidas por dos mujeres o dos hombres están siendo reconocidas poco a poco como matrimonios y como familias. En Holanda, en Bélgica, en Quebec pronto en España. Incluso en algunas iglesias protestantes (las luteranas, la anglicana-episcopaliana, la metodista unida ) se están reconociendo tímidamente -y con una fuerte oposición por parte de los ultraconservadores- los derechos de las personas homosexuales.
No deja de ser sorprendente, en cualquier caso, que los grupos conservadores se opongan radicalmente a la reivindicación del derecho al matrimonio para lesbianas y gays.
Deberían leer a Andrew Sullivan, quien en su obra 'Prácticamente normal' argumenta desde una óptica liberal-conservadora que el acceso de las parejas lesbianas y gays al matrimonio está en consonancia con los intereses del sistema jurídico-institucional y económico vigente, y que ello reforzaría la institución matrimonial.
Algunos políticos de la derecha conservadora, como el alcalde de Nueva York o el de Vitoria-Gasteiz, han defendido el derecho al matrimonio para gays y lesbianas, pero en la derecha estadounidense y española mandan hoy por hoy los ultraconservadores en materias relacionadas con la familia y la moral sexual, anteponiendo el prejuicio a la razón, los dogmas liberticidas a los derechos fundamentales.
Por Iñigo Lamarca Iturbe
Abogado y Presidente de Gehitu
Comentarios
Todavía no hay comentarios. ¡Deja el primero!