La Constitución Española de 1978 cumple este año su 25° aniversario y, sin embargo, somos muchos los ciudadanos y ciudadanas del país que todavía no gozamos de una plenitud de derechos, a pesar de los reiterados intentos de la mayoría de las fuerzas políticas españolas con representación parlamentaria de provocar un cambio legislativo que dé solución a situaciones de discriminación injusta, como en el caso del matrimonio civil. En este sentido, la lucha de los colectivos LGTB (lesbianas, gays, transexuales y bisexuales) se centra en obtener la modificación del Código Civil allí donde sea necesaria y el establecimiento de un modelo de matrimonio que no discrimine a los ciudadanos y ciudadanas por su orientación sexual y de garantías legales para ejercer su derecho al libre desarrollo de la personalidad por motivos de libertad sexual.
El hecho es que la iniciativa de algunas parejas de los colectivos de Valencia, Madrid y Cantabria de acudir al Tribunal Constitucional una vez que se les ha denegado este derecho en los juzgados, apoyados por los partidos de la oposición, PSOE e Izquierda Unida, y por varios juristas de reputado prestigio en cuestiones constitucionales, ha levantado ampollas diversas entre los órganos de poder, calificando la iniciativa de inoportuna o folklórica en el mejor de los casos.
Parece ser que no va a quedarse en meras descalificaciones la actitud del Gobierno, puesto que han ido mucho más lejos. La inconstitucionalidad llega a su cota más alta al denegarse a la Felgt (Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales) el permiso para concentrarse ante el monumento a la Constitución el próximo 6 de diciembre con el lema «Sin igualdad no hay democracia». La cuestión adquiere visos esperpénticos si hacemos notar que, en fechas recientes, les fue autorizado reunirse a los ultraderechistas en la plaza de Oriente para celebrar la memoria del dictador Franco, llenando el espacio con sus símbolos fascistas y sus proclamas anticonstitucionales.
El Gobierno, con esta respuesta, nos demuestra que está dispuesto a celebrar su Constitución, no la nuestra, la de todos los españoles, por la que hemos luchado y a la que hemos defendido en todo momento por considerala una de las más avanzadas de Europa. 25 años en los que aún no se ha reconocido el sufrimiento, la persecución y la tortura de innumerables gays, lesbianas y transexuales durante el franquismo por el sólo motivo de su orientación o identidad sexual. 25 años que nos toca celebrar como buenamente queramos y no como nos imponga un Gobierno que no nos reconoce ni nos escucha y ahora, para más inri, no nos deja manifestarnos.
Esperamos que las instituciones reconsideren esta decisión que consideramos totalmente injusta por ser una fecha reivindicativa en esta conmemoración de nuestra Constitución para todos los españoles y españolas.
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