El pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer con la mayoría de los grupos parlamentarios el proyecto de Ley que modifica el Código Civil para extender el derecho a contraer matrimonio a las pajeras del mismo sexo y a adoptar. El texto salió adelante con 183 votos a favor, 136 en contra y 6 abstenciones.
Únicamente rechazaron el texto el PP y algunos diputados democristianos de CiU y PNV, que votaron en conciencia al entender que este tipo de uniones deben regularse al margen de la institución tradicional del matrimonio y por estar en contra de reconocerles el derecho a adoptar.
El texto será remitido ahora al Senado que deberá tramitarlo, con la particularidad de que en esta cámara el Partido Popular es el grupo mayoritario. No obstante, teniendo en cuenta los apoyos con los que cuenta el PSOE, el texto regresará al Congreso, previsiblemente el mes de junio, donde será ratificado de manera definitiva.
El Congreso vivió, de esta forma, una "jornada histórica", tal y como destacaron a la prensa los numerosos miembros de el colectivo de gays, lesbianas y transexuales, que acudieron como invitados a esta Cámara para asistir al reconocimiento de sus reivindicaciones. Todos ellos recibieron con un gran aplauso la aprobación de esta reforma legislativa, algunos de ellos con lágrimas en los ojos.
Pero no todo fue ambiente festivo y la cámara volvió a ser objeto de un nuevo enfrentamiento dialéctico entre PSOE y PP por esta cuestión. En nombre de los 'populares' Ana Torme comenzó el debate manifestando su "absoluto respeto a las personas que luchan por la libertad y la igualdad de oportunidades", en referencia al colectivo de Gays y Lesbianas. A partir de ahí, les remitió a la Constitución de 1978, "como instrumento de concordia y consenso que algunos se empeñan en romper".
Torme recordó que su grupo defiende el reconocimiento de los mismos derechos para gays y lesbianas, salvo la adopción y que apuestan por una figura jurídica específica (al margen del matrimonio) para regular sus uniones.
La diputada del PP apuntó que su postura está refrendada por informes de órganos consultivos como el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial. "?Son homófobos el Consejo de Estado, el CGPJ y el PP por defender equiparación de derechos a través de una figura específica?", preguntó. Esta pregunta retórica fue contestada por un 'sí' pronunciado al unísono por miembros del colectivo gay que seguían el debate desde la tribuna de invitados, que fueron reprendidos por el presidente.
"CONVENCIMIENTO, PASÍN Y OPTIMISMO"
En representación del PSOE, la diputada valenciana Carmen Montón (PSOE), trasladó a la Cámara la "decisión, convencimiento, pasión y optimismo" con el que su grupo afronta esta norma "porque amplía el concepto de ciudadanía y se profundiza en la democracia".
Montón se dirigió entonces a los escaños del PP: "hablan de diálogo pero los hechos nos dicen otra realidad, que quieren mutilar el derecho de gays y lesbianas con enmiendas destructivas". De esta manera, les pidió "reflexión" porque, desde su punto de vista, contribuye "a la homofibia y a la discriminación a causa de la orientación sexual", amparan la existencia de "ciudadanos de primera y de segunda" y no reconocen la pluralidad de las formas afectivas de unión y las formas de amar.
La diputada socialista no dio crédito a la voluntad del PP de regular estas formas de unión ("llegan tarde y sin credibilidad") y apuntó que durante su etapa en el Gobierno rechazaron propuestas similares en 31 ocasiones. Montón defendió asimismo la adopción, no como un derecho de los homosexuales, sino de los hijos a tener una familia estable.
En la misma línea, increpó al PP porque durante su etapa de Gobierno motivó que España fuera el único país europeo en oponerse a que gays y lesbianas tuvieran voz en la ONU, votando junto a "países que cuentan con leyes homofóbicas" como Egipto, Irán o Zimbawe, "cuyo presiente afirma que los homosexuales son peores que perros y cerdos y deben siendo exterminados".
APOYO DEL RESTO DE LA CÁMARA
El resto de los grupos también apoyaron el dictamen de la Ley, salvo algunos diputados de CiU y PNV, que votaron en contra en conciencia. Mercé Pigem (CiU) ratificó el compromiso de su partido en la lucha contra la homofobia y defendió "una estructura familiar estable y una mayor seguridad jurídica y protección de los hijos".
Agustín Cerdá (ERC) lo calificó como "un acto de compensación histórica" y Francisco Rodríguez (BNG) apostó por "democratizar la institución civil del matrimonio".
También aplaudieron la norma Luis Mardones (CC), Margarita Uría (PNV) e Isaura Navarro (Izquierda Verde). "Habeis convencido a la sociedad y a sus representantes", destacó esta última felicitando a los miembros del colectivo de Gays y Lesbianas.
UN DEBATE DIGNO
El debate fue cerrado por el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, responsable del proyecto de Ley, que trasladó su gratitud y el respeto a las posiciones de todos los grupos parlamentarios que, a su juicio, realizaron "un debate digno". El ministro insistió en que el proyecto trata de combatir "discriminaciones históricas y de raíz atávica" y busca "un derecho fundamental, no escrito pero expreso".
Finalmente, se dirigió a los representantes de los colectivos y les manifestó su reconocimiento recordando que "han estado presente a lo largo de la historia de toda la democracia, y en la transición afirmando con su presencia el desafío de extensión de derechos y libertades para crear entre todos una sociedad más integral y sin exclusiones".
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