El día después del caso Goodridge

El fondo de la decisión adoptada ayer por el Tribunal Supremo de Massachussets refleja una perspectiva cada vez más abierta sobre el estado legal de los gays en Norteamérica. Para hacer un poco de historia, remontémonos a finales de los 90, cuando ocurrieron en Hawai, Alaska y Vermont hechos similares a los actuales: tribunales que decidían que la prohibición del matrimonio entre homosexuales y la consiguiente negación a estas parejas de los derechos y privilegios correspondientes a una pareja casada violaba las constituciones de sus respectivos estados. En Vermont, la corte permitió al legislativo crear "uniones civiles" para las parejas homosexuales, que les otorgaban todos los beneficios del matrimonio, mientras que se reservaban las [i]licencias de matrimonio[/i] exclusivamente para heterosexuales. En Hawai y Alaska, en cambio, los legisladores consiguieron incorporar la prohibición de los matrimonios entre personas del mismo sexo a sus constituciones, en lugar de acatar la decisión de los jueces. No obstante, y a diferencia de esos precedentes, la decisión del tribunal de Massachussets parece no dejar al legislativo otra opción que aceptar la decisión de la corte y conceder licencias de matrimonio a las parejas de gays y lesbianas. Los legisladores de Massachussets deberán otorgar esos derechos a las parejas homosexuales en los próximos seis meses, unos dos años y medio antes de que pueda ser sometida a votación una propuesta para enmendar a este respecto la constitución del estado. Todo esto constituye una espléndida noticia para las siete parejas que se querellaron contra el Departamento de Salud Pública de Massachussets. Después de una convivencia que en total suma 94 años, ellos -y el resto de homosexuales de Massachussets- van a poder finalmente ver sus relaciones reconocidas por ley, liberándose del bagaje de acuerdos legales y contratos financieros que muchas parejas del mismo sexo deben llevar a cabo para salvaguardar a sus familias. Las reacciones a esta sentencia entre la clase política indican que el apoyo a las protecciones legales para las familias gays y lesbianas no es ya una postura aislada, sino una preocupación legítima para la sociedad del siglo XXI, incluso para aquellos que se oponen al matrimonio entre gays. Por ejemplo, el gobernador republicano Mitt Romney y el senador demócrata John Kerry han hecho declaraciones de claro rechazo a la decisión de la corte de su estado en el tema de los matrimonios, pero siguen defendiendo los beneficios y derechos civiles para gays y lesbianas. Más importante aún, incluso los jueces que han votado en contra de la resolución del caso Goodridge se han pronunciado favorablemente sobre las relaciones homosexuales y han animado a los movimientos pro-derechos de los gays y lesbianas; aunque siguen cuestionándose la base legal de la sentencia del tribunal. "Las parejas del mismo sexo pueden dar a sus hijos la nutrición, estabilidad, seguridad, consistencia y entorno de apoyo necesarios para madurar, exactamente igual que lo hacen las parejas heterosexuales", escribió Martha Sosman, una de las jueces que disiente de la decisión de la corte. Y otro de sus compañeros, el juez Robert Cordy, escribía por su parte: "Los denodados esfuerzos llevados a cabo por mucha gente han dado como resultado una mayor dignidad, respeto y derechos para los miembros gays y lesbianas de nuestra comunidad". Los jueces que votaron en contra argumentaron que la legislatura, y no las cortes, es la autoridad competente para reformar los derechos matrimoniales exigibles al estado, y no vieron una implicación constitucional en el caso. El juez Corby declaró que las lesbianas y gays de Massachussets deberían simplemente haber tenido un poco más de paciencia. "No hay motivos para pensar que los procesos legislativos sean una vía inadecuada para efectuar cambios legales en respuesta a la demanda de las parejas del mismo sexo". No obstante, aceptó que un proceso como éste "puede parecer dolorosamente lento a aquellos que ya están convencidos por los argumentos a favor del cambio". El Presidente Bush se mantiene en una postura claramente opuesta a todo esto. En una aparición pública, prometió acciones personales contra la decisión de la corte de Massachussets. "El matrimonio es una institución sagrada entre el hombre y la mujer", declaró. "La decisión que ha tomado el Supremo de Massachussets viola este principio fundamental. Trabajaré junto a los líderes del Congreso en lo que sea legalmente necesario para defender la santidad del matrimonio". La jueza Margaret Marshall escribió una filosófica nota con su opinión acerca del tema: "El matrimonio es una institución social vital. El compromiso exclusivo de dos individuos para con el otro es un acto de amor y apoyo mutuo; dota de estabilidad a nuestra sociedad". Sin duda el matrimonio es un aporte de estabilidad por su propio concepto. Pero entre las filas políticas, esta decisión ha sido el pistoletazo de salida para una guerra de intereses y declaraciones destinadas a atraer el voto en las elecciones del próximo año. Las encuestas no arrojan luz sobre el parecer de la nación norteamericana, mientras los conservadores católicos, por un lado, y los activistas homosexuales por otro, preparan ya la campaña para atraer adeptos a sus respectivas causas. Sin duda, el debate no ha hecho más que comenzar.