La Iglesia recuerda la "opción parchís" de la etapa socialista, la experiencia andaluza de la supresión de conciertos, y la reciente promesa de Zapatero de dar más deporte y menos religión.
15 de febrero. Nadie duda de que un Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con Izquierda Unida, Esquerra Republicana de Catalunya, Bloque Nacionalista Galego, etc., produciría un notable cambio en las estructuras de la familia en España.
El compromiso de todo el aparato socialista con los grupos de gays y lesbianas es firme, repetido y demostrado hasta la saciedad. Un eventual triunfo de la izquierda conllevaría la equiparación entre el matrimonio y las parejas homosexuales, y el otorgamiento a éstas del derecho a adoptar niños. Tendrían lugar asimismo, con toda probabilidad, una ampliación de la ley del aborto (durante las dos últimas legislaturas se han presentado iniciativas en ese sentido), la legalización de la eutanasia y, según ha prometido también el candidato socialista cuando el jueves saltó la noticia surcoreana, la autorización para clonar embriones humanos destinados a ser destruidos en el curso de investigaciones científicas.
La jerarquía eclesiástica, sin embargo, no sólo está preocupada por estos temas que atañen a la recta constitución de la familia y a cuestiones elementales de moral natural. También por la educación, base formativa de las futuras generaciones.
La señal más evidente de por dónde irían los tiros en un hipotético Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en materia educativa se halla en la inclusión de Carmen Calvo en el "comité de notables" designado por ZP a principios de enero para que le asesorasen en la elaboración de su programa. Se trata de una feminista militante, doctora en Derecho, de 47 años, que fue designada hace ocho años consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, y que no repetirá en el cargo: ha decidido abandonarlo para concentrarse en su candidatura al Congreso por la provincia de Córdoba.
Calvo ha formado tándem con la consejera de Educación, Cándida Martínez, en la orientación ideológica del Gobierno andaluz. La política de Martínez ha conseguido soliviantar a toda la enseñanza concertada y crear una corriente popular antisocialista en barrios y poblaciones perjudicadas por la supresión de conciertos. La importancia pública de los miembros del "comité de notables" hace pensar en Carmen Calvo como una posible ministra de Educación en un posible Gobierno de la izquierda unida similar al andaluz, y en cualquier caso como una persona decisiva para que la política educativa a seguir en Madrid lleve la marca Chaves.
Esta misma semana el cardenal de Sevilla, Carlos Amigo, el arzobispo de Granada, Javier Martínez, y el obispo de Málaga, Antonio Dorado, se reunieron con el presidente Manuel Chaves y su consejera de Educación en un intento de limar asperezas. Pero monseñor Dorado no dejó de señalar la discriminación hacia los centros concertados: "Tenemos la impresión de que hay un apoyo más claro a los centros públicos que a los de iniciativa social", dijo, en particular por la disminución numérica de estos últimos, caballo de batalla de los últimos meses de comunidades enteras (como el barrio sevillano de Triana) contra la Junta de Andalucía.
Los obispos recordaron también a los representantes socialistas que la enseñanza religiosa en los colegios públicos es una exigencia legal de los Acuerdos Iglesia-Estado, incluido su carácter evaluador.
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