Los gays piden al fiscal que actúe contra los obispos por homofobia

Miles de homosexuales madrileños solicitan la apostasía. Reclaman que el Código Civil impida las descalificaciones.

Distintos colectivos de gays, lesbianas y transexuales coincidieron ayer en la necesidad de que el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, actúe de oficio contra la Conferencia Episcopal por el último documento aprobado relativo al matrimonio homosexual.

Portavoces de estos grupos manifestaron su indignación por los términos empleados en el documento redactado por los obispos que, desde su punto de vista, supone una «incitación a la homofobia». En este sentido, reclaman al Gobierno que impulse una norma que condene esta práctica y que impida a la jerarquía católica hacer proclamas diciendo, por ejemplo, que la homosexualidad «es un comportamiento intrínsecamente malo desde el punto de vista moral». La presidenta y portavoz de la Federación Estatal de Gays y Lesbianas, Beatriz Gimeno, subrayó que los obispos tienen «una actitud muy poco cristiana que incita a la violencia, el odio y la homofobia». Por este motivo tiene previsto emprender una campaña en al que reclame al Gobierno que impulse un proyecto de ley similar al aprobado en Francia, con el fin de que el Código Penal pueda ser instrumento contra este tipo de manifestaciones, al igual que ocurre con el racismo o el sexismo.

En cualquier caso, los gays y lesbianas entienden que la jerarquía católica «se está quedando sola» y «se descalifica a sí misma». Además, advierten que los obispos interfieren en la política del Gobierno, cuyas iniciativas, como el matrimonio homosexual, están refrendadas por las urnas.

La actitud de los mandatarios de la Iglesia católica hacia los homosexuales ha empujado a miles de madrileños de esta orientación sexual a solicitar la apostasía, es decir, que el episcopado les borre de los archivos en los que quedaron inscritos cuando sus padres decidieron bautizarles.

El Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid ha impulsado esta campaña y, según su presidente, Arnaldo Cancedo, 3.500 personas han presentado ya su solicitud en el arzobispado de Madrid. Sin embargo, se da la circunstancia de que el bautizo no se considera una inscripción en una organización en términos legales por lo que las personas han solicitado la apostasía no han logrado su objetivo, según dicen, por expresa oposición del arzobispo Rouco Varela.

En la misma línea, el presidente de la Asociación de Transexualidad, Andrés de la Portella, pidió a la Fiscalía del Estado que emprenda una actuación de oficio contra los obispos. Asimismo reclaman al Gobierno que realice «una declaración urgente para la protección del colectivo gay».