El Consejo General del Notariado considera "indispensable" que se ponga en marcha un nuevo "derecho de convivencia social" para regular jurídicamente la situación de las parejas de hecho heterosexuales y homosexuales y que se dejen al margen del debate todos los aspectos "sacramentales y religiosos".
La opinión de los notarios queda reflejada en el último número de su revista 'Escritura Pública', donde se reclaman para estas uniones los derechos derivados de una "convivencia ordenada", como el derecho a heredar con preferencia a otros y con las exenciones o bonificaciones de los demás, el derecho a un tratamiento civil y fiscal adecuado de la vivienda compartida, a visitas hospitalarias, a pensiones y a indemnizaciones. Asimismo se considera necesario otorgarles el derecho a protección en caso de violencia doméstica o a hacer la declaración de la renta conjunta. Según explican los notarios, sus despachos son "testigos silenciosos de las aspiraciones, en el marco del derecho privado, para sí o para la propia célula social que representan, de estos ciudadanos descolgados de los clichés ortodoxos".
No se benefician de las mejoras
Relatan además "la frustración con la que reciben, al hacer testamento o formalizar la compra conjunta de un piso como vivienda estable común, que a ellos no les son aplicables exenciones o bonificaciones fiscales en caso de herencia, ni el régimen de la vivienda familiar en caso de fallecimiento o disolución por otra causa de la pareja, y que sobre las expectativas del que sobreviva se cernerán amenazadoramente posibles reclamaciones legitimatorias de ciertos parientes". Para no herir "susceptibilidades y creencias ciertamente respetables", los notarios proponen que esas uniones no sean consideradas ni denominadas matrimonios y proponen los nombres de "contratos de convivencia" o de "unión afectiva", que deberían generar una situación jurídica "en la que se desarrollen y respeten con naturalidad los derechos a la dignidad y a la igualdad de sus actores". En otro plano, a su juicio, quedan las demandas de la parejas femeninas a la fecundación in vitro o la aspiración a adoptar de todas las parejas homosexuales, ya que "todo lo referente a la filiación no puede estar regido sino por el interés exclusivo del menor".
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