Seguramente dentro de unos años (pocos) resultará sonrojante comprobar cuánto tiempo hubo que esperar para que el Código Civil reconociera (por fin) el derecho al matrimonio de homosexuales y transexuales en España.
Resulta completamente razonable que la iglesia católica, fiel a su doctrina, rechace las uniones entre personas del mismo sexo, pero ¿qué se puede objetar a un matrimonio civil entre homosexuales en un estado aconfesional, como es el nuestro? El único 'pero' que se me ocurre son los prejuicios y, ciertamente, no es algo a tener en cuenta a la hora de legislar si no es para evitarlos.
Uno de los argumentos más utilizados por los que se oponen a las bodas entre gays es que se trata de una unión contra natura y algo que se sale de lo normal.
Conviene recordar que la orientación sexual no es algo que las personas decidan voluntariamente (como sí lo es manifestar o no públicamente esa inclinación). Respecto a lo segundo, poco hay que decir, ¿se imaginan que no estuvieran permitidos los matrimonios de parejas de distinta raza o entre personas de con una enorme diferencia de altura, por la simple razón de que no son habituales? ¿De risa, verdad?
No se puede hablar simplemente de pensamiento conservador, es algo más. Resultan mezquinos esos comentarios de que permitir los matrimonios entre homosexuales lesionarían derechos de las parejas heterosexuales que sí se han unido legalmente. ¿Qué derecho? ¿El derecho a discriminar a un grupo de ciudadanos que tienen unos gustos diferentes? ¿El derecho a considerarlos españoles de segunda? ¿Acaso no tienen las mismas obligaciones y pagan los mismos impuestos que los demás?
Las medidas del Gobierno ZP en materia de derechos civiles no pueden quedarse en un simple guiño a un sector de los votantes que a priori considera afín. Sus compromisos en este campo han sido claros, pero esto sólo es el principio del camino.
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