Obispos en campaña

JUAN JOSÉ TAMAYO/DIRECTOR CÁTEDRA DE TEOLOGÍA Y CIENCIAS DE LAS RELIGIONES 'IGNACIO ELLACURIA'. UNIV. CARLOS III Los obispos católicos españoles llevan varios meses en campaña electoral. Desde las elecciones de 1977, quizá sean en éstas en las que más directamente -compulsivamente, diría mejor- se han implicado a través de una verdadera catarata de reuniones, declaraciones, documentos y tomas de postura sobre cuestiones no estrictamente religiosas. Estamos ante una reedición corregida y aumentada de la vieja teología política legitimadora del orden establecido, que a su vez legitima al poder religioso y le concede todo tipo de prebendas y privilegios. Y esto sucede en un momento en que la crisis del catolicismo en España es especialmente aguda y la pérdida de credibilidad de la Iglesia en la sociedad está llegando a niveles insospechados. El Informe Jóvenes 2000 y Religión demuestra que sólo el 35% de los jóvenes españoles se declara católico, mientras que en 1960 era el 95%. Según uno de los autores del Informe, la Iglesia católica es hoy la institución pública en la que menos confían los jóvenes. Éstos se alejan de la institución eclesiástica porque no encuentran en ella soluciones a sus problemas vitales. Sin embargo, ante una situación así no se aprecia signo alguno de regeneración o de cambio de rumbo. Esta vez los obispos no se han guardado ninguna carta en la manga, como ha sucedido en otras ocasiones, en que se movían en una ambigüedad calculada. Las han enseñado todas. La coincidencia entre su programa religioso y político y el de los partidos conservadores no puede ser mayor. El apoyo más nítido a la ideología conservadora fue el prestado a Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), pactada previamente por el Gobierno con la jerarquía católica para garantizar la presencia de la religión y la moral católicas en la escuela, que veía incrementadas considerablemente las horas lectivas y se convertía en materia evaluable. La jerarquía eclesiástica pasaba a ser colegisladora y conseguía la aprobación de una ley hecha a su medida, con un retroceso en algunos aspectos a la época del nacionalcatolicismo. Mientras la oposición al completo y la mayoría de las fuerzas sociales, culturales y educativas mostraban su rechazo frontal a la ley por entender que era elitista y favorecía a la enseñanza privada, los obispos le dieron su apoyo por el generoso tratamiento dado a la escuela católica y a la clase de religión confesional, y acusaron de «manipulación ideológica» a los sectores contrarios a la ley. En campaña electoral se encuentra desde hace meses el arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares, que está buscando apoyos entre sus colegas para la aprobación de un documento en defensa de la unidad de España, yendo más allá del documento sobre el terrorismo de 2002, que contó con el rechazo de mayoría de los obispos vascos y catalanes. Defiende la unidad de la patria como si se tratara de un dogma de fe. Y eso a costa de dividir a sus hermanos en la jerarquía, pero parece no importarle demasiado porque la unidad patriótica estaría por encima de la unidad en la fe. En su peculiar campaña electoral, los obispos están demostrando su ancestral antifeminismo, traducido ahora en inmisericorde insensibilidad hacia la violencia doméstica, que atribuyen a la revolución sexual, cuando hoy es opinión común de sociólogos, antropólogos, juristas, filósofos, etcétera, que la violencia contra las mujeres, los niños y las niñas es el instrumento habitual del patriarcado para seguir manteniendo el control de la sociedad y tener sometidas a las mujeres. En este punto, como en tantos otros, los obispos se sitúan muy por detrás de Juan XXIII, quien hace más de cuarenta años defendía en la encíclica 'Pacem in terris' la emancipación de la mujer como uno de los signos más luminosos de nuestro tiempo. Coincidente con los programas conservadores es la oposición de los jerarcas católicos a la investigación con células madre con fines terapéuticos. Los obispos han llegado a comparar el descubrimiento de los científicos coreanos con los experimentos nazis en los campos de concentración y los han calificado de instrumentalización criminal de la vida humana. Con esos experimentos, afirman, los científicos están arrojando a seres humanos a la basura. La convergencia tiene lugar también en la concepción de la familia y del matrimonio. Los obispos se oponen a las parejas de hecho, a los matrimonios entre homosexuales, a la adopción de hijos e hijas por parte de parejas lesbianas o gays, a la interrupción voluntaria del embarazado incluso en los casos de grave riesgo para la salud física o psíquica de la madre, de malformación genética del feto o cuando el embarazo ha sido consecuencia de una violación. Se sitúan no sólo por encima de la ley, sino en contra de la ley, cuando piden a los jueces que no tramiten sentencias de divorcio porque éstas van contra la ley natural. Ésta, a su juicio, establece la indisolubilidad del matrimonio como algo normativo para todos los tiempos, tradiciones culturales y religiosas y para todos los ciudadanos, sean católicos o no. Por si las coincidencias episcopales con las fuerzas conservadoras todavía no quedaran claras, Fernando Sebastián, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, elimina toda sombra de duda al acusar al PSOE de volver a sus mejores tiempos de anticlericalismo. Como si el anticlericalismo fuera contrario de la religión, cuando en realidad pertenece a la entraña del cristianismo: Jesús fue un anticlerical confeso y convicto. A lo que el anticlericalismo se opone es al poder de los clérigos en la sociedad, no a la libertad de creencias. Ya me gustaría a mí que el PSOE fuera más crítico con la Iglesia católica, sobre todo cuando está en juego la laicidad del Estado. La pederastia ha hecho su aparición también entre los sacerdotes católicos españoles, y algunos obispos no han puesto en práctica la tolerancia cero que pedía el Vaticano cuando saltó el caso en la Iglesia de Estados Unidos, sino, en algunos casos al menos, la tendencia ha sido al encubrimiento. Ninguno de los recientes pronunciamientos de la jerarquía católica tiene que ver con cuestiones de fe. Hay tomas de postura en torno a cuestiones políticas, sobre las cuales la opinión de los obispos es una más y no resulta vinculante ni siquiera para los cristianos, que habrán de decidir desde la propia racionalidad política y a partir de sus opciones ideológicas. Otras declaraciones giran en torno a cuestiones morales como las distintas formas de ejercer la sexualidad y los diferentes modelos de pareja. Sobre ellas el cristianismo no tiene una única opinión, y menos una teoría oficial. Lo que los obispos dicen entra dentro de lo opinable. Otros católicos opinan de distinta forma. Este conjunto de pronunciamientos conforma un modelo de cristianismo más cercano al integrismo católico del Papa Pío X, de principios del siglo XX, que al cristianismo del Concilio Vaticano II en diálogo con la modernidad y que al cristianismo de la liberación vivido en el Tercer Mundo. Conforma, a su vez, un programa político que reedita la vieja alianza entre cristianismo y conservadurismo. ¿Dónde queda la opción ética y evangélica por los pobres y excluidos como criterio de elección política? ¿Dónde el reconocimiento de la secularización como elemento positivo de nuestra cultura, como afirmó el Vaticano II? La sombra de la jerarquía sobre la vida política española es todavía muy alargada, y los políticos siguen mirándola con el rabillo del ojo en espera de que apruebe sus programas o de que, al menos, no los repruebe. Es verdad que la Iglesia Católica consigue más favores de la derecha que de la izquierda, pero me preocuparía que la izquierda, conocedora de la influencia del discurso episcopal en ciertos sectores de la sociedad, mantuviera la mano tendida para llegar a acuerdos que pudieran limitar la autonomía del Estado y ampliar los espacios de influencia del poder religioso.