Hay representantes del PP que cuando no tienen argumentos políticos para negar la igualdad legal y social de gays, lesbianas y transexuales nos acusan de victimistas, esto es, creen que nos quejamos demasiado e infundadamente. No les parece, pues, que la desigualdad ante la ley que padecemos sea motivo suficiente para expresar nuestro profundo disgusto para con aquellas personas y partidos que, con su voz y voto, se oponen sistemáticamente en parlamentos, ayuntamientos e instituciones públicas a equiparar en derechos a las parejas del mismo sexo, a promover la igualdad social de las personas homosexuales, o a luchar contra la homofobia, y que se niegan a facilitar la integridad psíquica y la integración social de las personas transexuales.
Estos políticos confunden queja con justa reclamación, en voz alta y pública, de aquello que es nuestro por derecho, porque así lo reconoce el artículo 14 de la Constitución Española cuando afirma que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
Se nos indica a menudo desde las filas populares que la desigualdad legal no es discriminación cuando se trata de regular realidades humanas distintas, pero esto sólo son piruetas legales para justificar políticas antidemocráticas, inhumanas e inmorales. Hay precedentes de esto en la historia: durante décadas el gobierno de los Estados Unidos legisló la segregación racial de blancos y negros bajo la doctrina conocida como “separated but equal” (iguales pero separados). Es decir, se pretende convertir el prejuicio en ley, mediante un subterfugio jurídico que mantiene la marginación legal y la exclusión social, en aquel caso de la minoría afroamericana, en el nuestro de homosexuales y transexuales.
Mujeres y hombres son realidades anatómicas, vivenciales y sociales distintas, pero iguales ante la ley. Precisamente nuestra Constitución vino a finiquitar décadas de desigualdad y sometimiento jurídico de las mujeres a sus maridos, a sus padres y al Estado, por imposición del machismo y el patriarcado sociológicos y legales del franquismo. Así, en su artículo 32 proclama que “el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica”. La razón fundamental de este punto no reside, como algunos pretenden interpretar, en un intento de los “padres” de la Constitución de limitar el matrimonio a los heterosexuales (porque, seguramente, ni se les pasó por la cabeza que algunos años más tarde gays y lesbianas estuviéramos reclamando ejercer ese derecho con nuestras parejas), sino en dejar por escrito sin ningún género de duda que, como indica el artículo 14, la ley no puede tratar diferentemente a hombres y mujeres, tampoco en o a partir del matrimonio, como así ocurría con la legislación civil franquista.
Esto mismo reivindicamos lesbianas y gays. No queremos un tratamiento legal distinto a las parejas de distinto sexo. Exigimos el mismo trato, porque se trata de la misma cosa: de la pareja como comunidad de vida, plasmada y articulada legalmente en la figura del matrimonio civil.
Sin embargo, con su comportamiento político e institucional, el PP perpetúa hoy en día la discriminación legal y la estigmatización social de la que gays, lesbianas y transexuales hemos sido objeto secularmente. Por ello, nos parece una muestra grave de cinismo político que aquellas personas y partidos que tienen en sus manos la posibilidad de poner fin a esta dramática situación, que son responsables políticamente de acabar con esta tragedia injusta e inhumana, encima nos acusen de victimistas.
Imagine, quien nos lee, qué diría este tipo de políticos a aquellas sufraguistas que a finales del siglo XIX reclamaban el derecho de la mujer al voto: “pero ¿para qué queréis votar? ¿para qué queréis complicaros la vida ocupándoos de la cosa pública como los hombres?, pero ¿de qué os quejáis?, con lo bien que estáis en casa cuidando de vuestro marido y prole. Víctimistas, más que victimistas!” Suena, hoy en día, tan absurdo, tan hiriente, tan perverso. Es más, seguro que señalarían que, entre sus simpatizantes y filas antisufraguistas, hay mujeres encantadas de su condición de “segundo sexo”, que se han realizado como personas en el ámbito privado del hogar y que no reclaman públicamente sus derechos ni hacen “victimismo” de su condición.
Curiosamente, estas acusaciones tampoco les impiden venirnos después con la manida confidencia de “no tener nada personal en contra de nosotros” y que, al contrario, ellos “tienen buenos amigos que son homosexuales” y se aprestan a susurrarnos que “también hay gays y lesbianas dentro del PP y a niveles muy altos”. Pues claro, evidentemente que hay mujeres machistas, personas de color racistas y homosexuales homófobos; mujeres, negros u homosexuales que no son conscientes de la opresión que padecen o, peor todavía, que siéndolo pero manteniendo una posición de poder privilegiada son cómplices de la discriminación y marginación de otras personas. Y esto es lo más escandaloso. Éste no es un asunto privado, no queremos su apoyo personal o su amistad; éste un asunto público, político e institucional y lo queremos es su trabajo y sus votos para revertir una situación injusta y lesiva. Por cierto, en el PP no deberían olvidar que detrás de toda víctima hay un verdugo. ¿Es éste el papel que el PP quiere desempeñar con gays, lesbianas y transexuales?
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