Ante la nota hecha pública esta mañana por la Conferencia Episcopal en las que afirma que los católicos no pueden votar a favor de la ley del matrimonio homosexual, la FELGT solo quiere recordar que los ciudadanos, católicos y no católicos, ya se pronunciaron en este sentido al votar mayoritariamente a partidos políticos que llevaban en sus programas electorales la aprobación de esta ley.
Que esta ley ha sido aprobada por la por la mayoría del parlamento, sede de la soberanía popular, por lo que, una vez aprobada cuenta con toda la legitimidad y las garantías que hacen de ella "una verdadera ley".
Que como tal ley tiene, por supuesto, fuerza para obligar en su aplicación a todos, a los que les guste y a los que no.
No obstante, la ley de matrimonio no obliga a nadie, ni coarta la libertad de nadie, sino que aquellos que la objeten no tienen que casarse con nadie de su mismo sexo y ni siquiera tienen que casarse por lo civil ya que este estado les reconoce su derecho a contraer matrimonio según su conciencia y su libertad.
Recordamos también que los alcaldes casan a los ciudadanos en representación de un juez y que esta facultad es potestativa, por lo que aquellos pueden delegar siempre que quieran, como muchos de ellos vienen haciendo por diversos motivos.
En cuanto a los jueces y funcionarios, por supuesto que tendrán que aplicar la ley como tienen que aplicar leyes con las que muchos de ellos no están de acuerdo cotidianamente. El llamamiento de la Conferencia Episcopal es un llamamiento a la anarquía, lo cual sería gracioso si no fuera tan grave.
Por lo demás, estamos seguros de que en unos pocos meses, las aguas volverán a su cauce y se aplicarán sin problemas, como se vienen aplicando ya las leyes de la adopción por parejas del mismo sexo en diversas comunidades autónomas sin que se haya producido ningún tipo de alarma social. Este mismo llamamiento lo hicieron los obispos con motivo de la ley del divorcio gracias a la cual muchos católicos y católicas han podido divorciarse y buscar la felicidad.
La FELGT llama a todos los ciudadanos a no financiar a la Iglesia, una institución empeñada en mantener y fomentar la discriminación contra muchos ciudadanos y, sobre todo, ciudadanas, marcando en el impreso de la declaración de la renta la casilla que marca "otros fines de sociales".
Madrid, 6 de mayo de 2005
Que esta ley ha sido aprobada por la por la mayoría del parlamento, sede de la soberanía popular, por lo que, una vez aprobada cuenta con toda la legitimidad y las garantías que hacen de ella "una verdadera ley".
Que como tal ley tiene, por supuesto, fuerza para obligar en su aplicación a todos, a los que les guste y a los que no.
No obstante, la ley de matrimonio no obliga a nadie, ni coarta la libertad de nadie, sino que aquellos que la objeten no tienen que casarse con nadie de su mismo sexo y ni siquiera tienen que casarse por lo civil ya que este estado les reconoce su derecho a contraer matrimonio según su conciencia y su libertad.
Recordamos también que los alcaldes casan a los ciudadanos en representación de un juez y que esta facultad es potestativa, por lo que aquellos pueden delegar siempre que quieran, como muchos de ellos vienen haciendo por diversos motivos.
En cuanto a los jueces y funcionarios, por supuesto que tendrán que aplicar la ley como tienen que aplicar leyes con las que muchos de ellos no están de acuerdo cotidianamente. El llamamiento de la Conferencia Episcopal es un llamamiento a la anarquía, lo cual sería gracioso si no fuera tan grave.
Por lo demás, estamos seguros de que en unos pocos meses, las aguas volverán a su cauce y se aplicarán sin problemas, como se vienen aplicando ya las leyes de la adopción por parejas del mismo sexo en diversas comunidades autónomas sin que se haya producido ningún tipo de alarma social. Este mismo llamamiento lo hicieron los obispos con motivo de la ley del divorcio gracias a la cual muchos católicos y católicas han podido divorciarse y buscar la felicidad.
La FELGT llama a todos los ciudadanos a no financiar a la Iglesia, una institución empeñada en mantener y fomentar la discriminación contra muchos ciudadanos y, sobre todo, ciudadanas, marcando en el impreso de la declaración de la renta la casilla que marca "otros fines de sociales".
Madrid, 6 de mayo de 2005
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