El proyecto de Ley que regula los matrimonios homosexuales, aprobado por el Pleno del Congreso el 21 de abril de 2005, vetado posteriormente por el Senado, y que ha sido ratificado hoy, permitirá que miles de parejas homosexuales puedan legalizar su unión con los mismos derechos que las heterosexuales, incluida la adopción, y hará que España se sume a Holanda, Belgica y Canadá, países en los que ya está admitido el matrimonio entre personas del mismo sexo. La reforma se llevará a cabo mediante la modificación del Código Civil con la frase "el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo". Este reconocimiento, al que se comprometió el presidente del Gobierno, José Luis Rodriguez Zapatero, nada mas llegar al Gobierno, da respuesta a una realidad social existente y que hasta ahora sólo contemplaban, parcialmente, algunas comunidades autónomas. Representa, además, un hito en la lucha que desde hace años vienen librando los colectivos de gays y lesbianas en distintos frentes y que se ha plasmado en propuestas políticas para para tratar de cambiar la legislación; demandas en los tribunales y ante instancias administrativas, como por ejemplo la presentación de solicitudes de matrimonio en los registros que promovió la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGT), en octubre de 2003; y diversas acciones reivindicativas como las bodas simbólicas que se han celebrado en algunos ayuntamientos o las manifestaciones en la calle, entre ellas la del Día del Orgullo Gay, una celebración que ha ido creciendo en los últimos años en cuanto a número de participantes y que el pasado mes de julio congregó a cientos de miles de personas bajo el lema "Ahora sí", en referencia al matrimonio homosexual. Este año se espera que más de un millón y medio de personas acudan a la manifestación para celebrar la equiparación de derechos de las parejas de gays y de lesbianas.
La batalla por los derechos de las parejas homosexuales, sin embargo, aunque desde el principio se planteó entre sus objetivos el reconocimiento del matrimonio y la adopción, se inició en el marco del debate mas general sobre las parejas de hecho -tanto homosexuales como heterosexuales- y su equiparación legal con los matrimonios tradicionales en temas de propiedad, herencias, impuestos, seguridad social, etc. A mediados de los 90 comenzaron a funcionar, en algunos ayuntamientos y comunidades autónomas, los primeros registros de parejas de hecho, en los que podían inscribirse tanto parejas heterosexuales como homosexuales. El ayuntamiento de Vitoria fue el primero que abrió un registro de este tipo, en marzo de 1994, y también el primero en el que, un mes después, se inscribió una pareja formada por dos personas del mismo sexo. Cuatro años después, en 1998, Cataluña se convirtió en la primera comunidad autónoma en aprobar una Ley de Parejas de Hecho, que equiparaba los derechos legales, económicos y sociales de los matrimonios y las uniones extraconyugales, y contemplaba la adopción, aunque no para las parejas homosexuales. Le siguieron Aragón (abril de 1999) y Navarra (julio de 2000), que fue la primera comunidad que incluyó la posibilidad de que las parejas homosexuales adopten niños. La ley foral navarra entró en vigor el 3 de julio de 2000, y fue recurrida por tres diputados de UPN y 83 del PP ante el Tribunal Constitucional, instancia que admitió el recurso, pero no decretó la suspensión cautelar de la norma, que siguió vigente. El 28 de marzo de 2001 también las Cortes Valencianas aprobaron, con el único apoyo del PP, su Ley de Uniones de Hecho, primera sobre el tema en una comunidad gobernada por Partido Popular. Dicha ley no contemplaba que las parejas del mismo sexo pudieran acoger o adoptar niños, posibilidades que también descartaron las normas de Baleares y Madrid, aprobadas ambas en diciembre de 2001; así como la ley canaria, que entró en vigor en marzo de 2003. Las leyes de Asturias (mayo de 2002), Andalucía (diciembre de 2002) y Extremadura (marzo de 2003) en cambio, admitieron el acogimiento por parte de parejas homosexuales; y la ley vasca (mayo de 2003) dio un paso mas y autorizó también la adopción, si bien fue recurrida, en agosto de 2003, por el Gobierno del PP ante el Tribunal Constitucional, que ordenó dejar en suspenso el artículo octavo, relativo a ese asunto (dicha suspensión se levantó en enero de 2005). El derecho de las parejas homosexuales a adoptar fue también recogido por la comunidad de Aragón, en abril de 2004 (ya con el PSOE en el Gobierno central) mediante una modificación de su ley de Parejas Estables no Casadas de 1999.
Paralelamente a estas iniciativas en el ámbito autonómico, durante el Gobierno del PP se produjeron otras a nivel estatal, aunque no llegaron a prosperar. Así, entre 2000 y 2003, PSOE, IU, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) Iniciativa Per Catalunya-Verds (IC-V) y la Chunta Aragonesista presentaron varias proposiciones de ley que pretendían básicamente la modificación de tres artículos el Código Civil (44, 66 y 67), de tal manera que se cambiaran las referencias al hombre y a la mujer por la palabra "cónyuges", y que fueron sistemáticamente rechazadas en el Congreso merced a los votos del PP. No obstante, a pesar del veto del Partido Popular al matrimonio homosexual y a la oposición de diversos sectores, entre ellos, la Iglesia Católica (la Conferencia Episcopal se ha mostrado muy crítica con la posibilidad de legalizar estos matrimonios e incluso ha instado a los diputados católicos a votar en contra), en los últimos años se han dado pasos importantes en el reconocimiento de los derechos de las parejas de personas del mismo sexo, como por ejemplo el derecho de los guardias civiles homosexuales a vivir con sus parejas en los cuarteles, que fue admitido en noviembre de 2002; o la sentencia -basada en la ley foral navarra y pionera en España- que dictó, en febrero de 2004, el Juzgado de Familia de Pamplona, concediendo a una lesbiana la adopción de las hijas biológicas (dos niñas gemelas) de su compañera.
La regulación del matrimonio homosexual, sin embargo, no comenzó a tomar cuerpo hasta la llegada al Gobierno de los socialistas, con la aprobación, en junio de 2004, en el Congreso de una proposición de ley del PSOE instando al Ejecutivo a presentar un proyecto de ley que modifique la legislación civil con el objetivo de permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo; y la retirada del recurso interpuesto por el Gobierno anterior contra la Ley vasca de Parejas de Hecho, que acordó el Consejo de Ministros del 1 de octubre. En esa misma reunión, el Gabinete aprobó también la primera redacción del anteproyecto de matrimonio homosexual, que después fue remitido para su informe al Consejo de Estado, organismo que avaló la constitucionalidad del texto, aunque también sugirió la posibilidad de regular estas uniones fuera del matrimonio. El anteproyecto del Gobierno defendía que los matrimonios homosexuales puedan adoptar hijos, lo que provocó una fuerte polémica y se convirtió en el aspecto más controvertido de esta nueva regulación. La Conferencia Episcopal calificó de "errónea e injusta" la propuesta del Gobierno, en tanto que el Partido Popular acusó al Ejecutivo de gobernar para minorías y abogó por regular las parejas homosexuales como uniones civiles y sin adopción. El 30 de diciembre de 2004 el Gobierno aprobó el anteproyecto de ley (sin cambios significativos con respecto al texto aprobado en octubre y manteniendo la adopción) y lo remitió a las Cortes para su tramitación parlamentaria. El 18 de enero de 2005, la Comisión de Estudios del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó un informe en el manifestaba sus dudas sobre la constitucionalidad del matrimonio entre homosexuales, al que incluso comparaba con la unión entre una persona y un animal, alusión ésta que fue muy criticada y por la que al día siguiente al CGPJ pidió disculpas. Dicho informe fue aprobado (el día 26) por el pleno del CGPJ con el voto particular en contra de siete vocales. El proyecto de ley sobre el matrimonio homosexual comenzó su tramitación en el Congreso el 17 de marzo, cuando fueron rechazadas las enmiendas de totalidad presentadas por el PP y Unió Democrática de Cataluña. Y fue aprobado por el pleno de la Cámara el 21 de abril de 2005, con 183 votos a favor y el rechazo del PP (aunque, la ex ministra Celia Villalobos votó a favor) y de Unió Democrática de Catalunya. Esta aprobación fue recibida con especial entusiasmo por los colectivos de gays y lesbianas, al tiempo que aglutinaba la oposición de las confesiones católica, ortodoxa, protestante y judía presentes en España. La Conferencia Episcopal Española calificó el proyecto de ley de "radicalmente injusto" y de "perjudicial para el bien común", en tanto que, desde el Vaticano, el cardenal colombiano Alfonso López Trujillo, presidente del Pontificio Consejo para la Familia en la etapa de Juan Pablo II, hacía un llamamiento a los funcionarios municipales para que se nieguen a casar a personas del mismo sexo; a lo que la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, respondió recordando que los funcionarios están obligados a cumplir las leyes. Por otra parte, también en 2005, en enero, y conforme a un auto del Tribunal Constitucional, se levantó la suspensión que pesaba sobre el artículo 8 de la ley reguladora de las parejas de hecho del País Vasco, que establece la posibilidad de adoptar a niños por parte de los homosexuales. En febrero, el Gobierno de Cantabria aprobó un proyecto de ley de Parejas de Hecho, que reconoce a estas uniones el derecho de acogida y adopción, pero de acuerdo con la regulación que, en este ámbito, establezca el Gobierno central. Y el 31 de marzo de 2005, Cataluña se convirtió en la cuarta Comunidad Autónoma en regular el derecho a la adopción de menores por parte de parejas homosexuales, después de Navarra, el País Vasco y Aragón. Ese mismo mes, además, el Juzgado de Familia de San Sebastián reconoció la primera adopción conjunta en el País Vasco a una pareja de hecho formada por dos mujeres, una de ellas, madre biológica del niño.
En España viven, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes al censo de 2001, unas 10.400 parejas de personas del mismo sexo; aunque, en opinión de la Coordinadora Estatal de Gays y Lesbianas, esa cifra está muy por debajo de la realidad, ya que el censo sólo computa a aquellas personas que expresamente quieren manifestar su condición homosexual. De hecho, estudios que maneja el Gobierno calculan que la regulación del matrimonio homosexual podría beneficiar a cuatro millones de ciudadanos españoles.
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